Publicado en Destacado, NACIONAL.

A través de un comunicado, organizaciones como Causa en Común, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Seguridad Sin Guerra y el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detener la militarización en México.

A continuación el comunicado:

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, Causa en Común, la CMDPDH, Seguridad Sin Guerra y el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, presentaron la investigación “Policías al grito de guerra: ser policía en una corporación militar”, con el objetivo de incidir en el debate público sobre continuar militarizando la seguridad pública.

A través de los testimonios de 31 ex integrantes de la Guardia Nacional (10 mujeres y 21 hombres), la investigación describe el abandono y los agravios a derechos que han vivido las y los ex policías federales al interior de la corporación hasta el día de hoy. Las personas entrevistadas narran cómo ha sido trabajar en un contexto de discriminación y criminalización constante por parte de mandos militares y del propio presidente de la República.

Para la investigación se analizaron tres ejes que comprenden la situación que atraviesa la Guardia Nacional y el trato a ex policías: i) condiciones laborales; ii) pérdida de capacidades e información; y iii) consecuencias para la seguridad y el bienestar del país. La conferencia de prensa fue encabezada por Marcela Villalobos, activista e integrante de Seguridad Sin Guerra; Lucía Chávez, Directora Ejecutiva de la CMDPDH y María Elena Morera Mitre, Presidenta de Causa en Común.

En su intervención, Marcela Villalobos señaló que la SCJN debe acelerar las resoluciones de inconstitucionalidad, de lo contrario, «su silencio es cómplice de una Guardia Nacional militar». Además, comentó que, «lo que ustedes van a encontrar en el informe, son testimonios que declaran violaciones a los derechos humanos, falta de certeza laboral, condiciones de acoso y hostigamiento. Todo esto, da cuenta de consecuencias catastróficas al interior y exterior de la corporación. Por ello es importante señalar que la impunidad militar mata”.

Lucía Chávez mencionó que la militarización de la seguridad pública rompe con el paradigma de seguridad ciudadana, y afirmó que “la lógica militar es de combate frontal al enemigo y de guerra, además que es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y al propio texto constitucional”.

Adriana Herrera, exintegrante de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, compartió su testimonio sobre las irregularidades y los abusos de los que fue víctima. Dijo que “se dio una incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, obligando a los nuevos integrantes reclutados a ser asignados a la Policía Militar”. Afirmó que en sus últimos años de servicio “fui víctima de mecanismos de represión e intimidación por parte de los mandos militares. Para los militares, cumplir la orden es el mayor interés, no la seguridad ni preservar el marco jurídico, es un adoctrinamiento”.

María Elena Morera señaló que, después de esta investigación, “la conclusión es que nos mintieron al decir que la Guardia Nacional iba a ser civil cuando siempre ha sido militar”. Afirmó que “no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, que tantas cosas buenas hacen por el país, estamos en contra de los mandos militares quienes se brincan la Constitución y ponen en riesgo la vida de los elementos que mandan al territorio”.

Las organizaciones y activistas participantes hacen un llamado a las y los ministros de la SCJN a analizar en el pleno las acciones de inconstitucionalidad y los amparos promovidos contra la militarización del país; de igual forma, convocan a partidos políticos, asociaciones civiles, personas académicas e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos en general, a manifestar su oposición a esta deriva militarista, incompatible con cualquier democracia, y que inevitablemente conduce, junto con otras manifestaciones autoritarias, hacia un régimen político sustentado en la restricción de libertades y derechos.

 

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