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Personas con familiares enterrados en el panteón de San Nicolás Tolentino denunciaron desorden y falta de inseguridad por robo de restos óseos.

La alcaldía Iztapalapa destituyó al encargado del panteón del que fue sustraído el cuerpo del bebé Tadeo y anunció su modernización ante los constantes señalamientos por parte de vecinos y trabajadores por la falta de vigilancia y el descuido en que se tiene al panteón.

En Puebla, siguen las investigaciones contra 23 funcionarios del penal de San Miguel.

“En realidad está muy sucio, regularmente vengo a ver a mi papá y sí veo muchos huesos tirados; como no hay seguridad es muy fácil brincarse, llegan y es muy fácil llevarse los cuerpos. Necesita mayor seguridad”, dijo Jesús, visitante del panteón San Nicolás Tolentino.

Personas que tienen familiares enterrados en el panteón San Nicolás Tolentino, de Iztapalapa, advierten que hay desorden y falta de seguridad, lo que provoca el robo de piezas de las tumbas y que varios restos humanos se encuentren a ras de tierra.

“Vine a sepultar un familiar, hay huesos que sacan de fosas”, dijo Josué, visitante del panteón San Nicolás Tolentino

“Yo tengo mi yerno que trabaja ahí y dicen que ahora que cerraron el panteón por COVID entonces hicieron mucho, un desastre ahí en el panteón; yo creo que lo sacan no sé para qué lo quieren, para brujería, digo, en la noche, debería de haber alguien que vigile ahí, que respeten eso”, dijo Enrique Hernández.

Los empleados del panteón reconocen los problemas.

“El crematorio ya tiene años que no se compone, las capillas tienen cuarteaduras arriba, en los techos, los baños hace falta que lo arreglen no sirven. ¿Crees que sí sea posible que se roben huesos?, yo creo que sí, ha habido muchas quejas de eso”, señaló Catalina Talavera, empleada del panteón.

La pared perimetral del panteón, cuya extensión es de mas de un millón de metros cuadrados, se puede ver destruida en diversos sectores.

Sobre si se han detectado otros casos, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada dijo:

“Cuando nosotros llegamos a la alcaldía en 2018, cuando vimos que rompieron la barda del panteón, no tanto de que había cuerpos, eso ya no, nada más de que la barda estaba rota y por cualquier situación nosotros presentamos la denuncia”, dijo Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

Tras la exhumación ilegal del cuerpo del bebé Tadeo, que fue encontrado en un bote de basura de el penal de San Miguel, en Puebla, el 10 de enero pasado, las autoridades de Iztapalapa informaron que fue separado de su cargo el administrador del panteón y 448 trabajadores del lugar están a disposición de la Fiscalía; también anunciaron un proceso para mejorar la seguridad con ayuda de drones y cámaras de vigilancia.

“No podemos imaginar las motivaciones de un acto de esta naturaleza; sin lugar a dudas, estamos ante un acto delictivo que atenta contra la dignidad de las personas, vamos a modernizar el panteón”, dijo Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

La Fiscalía de la Ciudad de México precisó que el menor, nacido en el Estado de México, fue tratado en un hospital de Iztacalo por padecimientos digestivos y que entre las diligencias para saber cómo fue exhumado se están analizando videos, sin especificar cuántos y de dónde, para determinar quién sustrajo su cadáver, que también esperan datos que les enviará la Fiscalía de Puebla.

En Puebla, el gobierno estatal señaló que los funcionarios del Cereso fueron quienes permitieron el acceso del cuerpo del bebé Tadeo, 23 de ellos están bajo investigación.

“Los servidores públicos que fueron del reclusorio, y del sistema penitenciario poblano, son los que permitieron estos hechos, son los que no aplicaban las reglas de seguridad a todo el que entraba y salía, esto no debió haber ocurrido, yo no voy a descartar ninguna, ninguna teoría, ninguna línea de investigación”, dijo Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

La noche del lunes hubo un operativo de vigilancia afuera del penal de San Miguel, el sitio funciona como centro penitenciario desde marzo de 1984. Cuenta con una calificación de 6.6 sobre diez, de acuerdo con la evaluación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que indica, entre sus deficiencias, condiciones de hacinamiento y falta de división entre población del fuero común y el fuero federal, así como deficiente estado en el área de regaderas y el área de teléfonos fijos para la comunicación con el exterior.

Tiene una capacidad para dos mil internos, pero actualmente hay más de 4 mil 900, la fuga más reciente ocurrió en junio de 2021 y ha habido dos motines, ambos en mayo de 1988.

“Cuando hubo motín fue, tendrá como 20 y tantos años el último motín que hubo a la fecha dicen qué hay problemas, hubo balazos toda la noche y ya han de pasar tantas cosas allá adentro pero no nos damos cuenta”, dijo Elizabeth González, vecina del Cereso San Miguel, en Puebla.

 

 

Con información de Arturo Sierra y Antonio Morán.
LLH

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