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CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Han pasado nueve meses desde que Gonzalo compró cerca de cinco kilos de semillas de jamaica. El tiempo no ha logrado aminorar su enojo y decepción. Desde que recibió los paquetes, se le hizo extraño que no tuvieran etiquetado o marca; que solo estuvieran envueltos con plástico negro y papel de estraza. Al abrir el primer empaque, percibió un olor agrio. Al extender el contenido, se indignó aún más al ver que eso parecía un montón de cáscaras de pepita, abiertas y mojadas. Eran 12 mil pesos de semillas pudriéndose entre sus dedos.

Para adquirir esas semillas de jamaica, así como otras de papaya y limón —estas  últimas también en descomposición—, el campesino utilizó cerca de 20 mil pesos que su grupo de sembradores recibió como “apoyo económico adicional” del programa Sembrando Vida.

El sembrador —a quien en esta investigación se llamará Gonzalo, porque solicitó ocultar su identidad para evitar represalias— recuerda que no tenía idea de quién era el proveedor de esos paquetes de semillas podridas, porque la gente que le entregó los productos eran y siguen siendo funcionarios de Sembrando Vida, uno de los programas sociales emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Este programa, que busca combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, consiste en pagar un jornal de cinco mil pesos mensuales a los sembradores beneficiarios, quienes deben integrarse a una Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC), como se le conoce a los grupos con 25 personas, e implementar sistemas de siembra de árboles frutales y maderables en sus parcelas.

El caso de Gonzalo no es aislado. Al realizar entrevistas con integrantes de 17 CAC de la región norte de Veracruz, se pudo documentar que por lo menos 400 beneficiarios de Sembrando Vida se vieron obligados a reponer, con su dinero, los insumos de mala calidad que adquirieron con proveedores impuestos por funcionarios del programa en la entidad. Eso, además, provocó que se retrasaran los planes de trabajo en sus parcelas.

Esta investigación periodística, realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, documentó que detrás de este y otros episodios padecidos por sembradores en la región norte de Veracruz están funcionarios de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, sus familiares o amigos.

Técnicos y facilitadores del programa Sembrando Vida amenazaron a sembradores de la huasteca veracruzana con sacarlos del programa federal si no compraban con cuatro empresas y tres personas físicas. Estos proveedores impuestos entregaron semillas en mal estado, herramientas de mala calidad o productos a sobreprecio; así lo revela una veintena de facturas, recibos bancarios, catálogos de artículos, cotizaciones, fotografías, audios y otros documentos entregados por 36 sembradores y cinco exfuncionarios de Sembrando Vida.

Este esquema, en el que se obliga a los sembradores a comprar con los proveedores impuestos por funcionarios, operó sin ningún problema durante al menos siete meses en la huasteca veracruzana.

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