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CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La semana pasada la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un severo golpe a las cinco principales empresas distribuidoras de fármacos a farmacias privadas y 21 de sus directivos, quienes durante una década se coludieron en un “cártel”, al restringir el abasto y negociar entre ellos los precios de medicamentos para inflar sus márgenes de ganancia, mediante lo cual se enriquecieron con por lo menos 2 mil 359 millones de pesos, a costa de la población mexicana.

Durante tres años un equipo formado por una decena de funcionarios de la Cofece se dedicó a visitar empresas, analizar computadoras y entrevistar a ejecutivos de la cadena de distribución de medicamentos. Reunieron más de 50 correos electrónicos, facturas, minutas de reuniones o tablas con precios que sirvieron de evidencia para determinar que los agentes económicos habían elevado sus precios.

El organismo impuso multas por 903 millones 479 mil pesos e inhabilitó a 10 personas para ejercer en empresas del sector durante plazos que van de seis meses a cuatro años.

“Si hoy hicieran esto, el valor de las multas sería por lo menos el doble o el triple. La ley actual es más severa que la anterior en términos de multas”, comenta a Proceso Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Cofece.

La investigación concluyó que durante al menos una década, Casa Saba, Nadro, Marzam, Farmacias Nacionales (Fanasa) y Almacén de Drogas, que en conjunto controlan casi la totalidad de la distribución de medicinas al sector privado, simularon su rivalidad para cobrar de más a la sociedad mexicana, con la complicidad de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar).

Hasta el momento la Cofece no ha identificado públicamente a los 21 individuos sancionados; sin embargo, varios nombres aparecen en la lista de notificaciones de la Cofece en el marco de la investigación número IO-001-2016. Su presencia en esta lista indica que fueron sujetos de la investigación, pero no necesariamente implica que se les haya determinado una responsabilidad.

Entre ellos figuran Pablo Escandón Cusi, dueño de Nadro; Manuel Saba Ades, quien heredó Casa Saba de su padre Isaac Saba Raffoul; Elías Salomón Nader, de Fanasa; Roberto Lázaro Gutiérrez Ancira y Roberto Gutiérrez Elizondo, de Almacén de Drogas; Joseph Sitt Cherem, de Marzam; Tomás Ángel Rodríguez Weber, quien fuera presidente de la Diprofar, así como los hermanos Francisco Daniel y José Antonio Pérez Fayad, dueños de Grupo Fármacos Especializados.

En el marco de la investigación también fue notificado Héctor Valle Mesto, actual presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, el poderoso grupo de cabildeo de la cúpula empresarial mexicana en temas de salud, entre cuyos “asociados activos” destacan los multimillonarios Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Olegario Vázquez Aldir, el mismo Escandón Cusi y su hija, Alejandra Escandón Matarazzo, y el empresario Claudio X. González Laporte.

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