Publicado en Destacado, NACIONAL.

CIUDAD DE MÈXICO (proceso).- Desde los primeros días después de la tragedia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la empresa noruega DNV y el gobierno de Claudia Sheinbaum ofrecieron fechas precisas para presentar dictámenes, informes y proyectos “con toda transparencia”, en aras de que el caso se resuelva y se restablezca la operación segura del servicio para los más de 400 mil usuarios de la Línea 12.

A tres meses y medio del hecho, los familiares de las 26 personas fallecidas, los más de 100 lesionados y la sociedad en general han tenido información a cuentagotas o por filtración de las causas que provocaron la caída de una trabe metálica y dos vagones del tren del tramo elevado.

Además, han tenido que conformarse con las modificaciones de las fechas prometidas, sin más explicación que la ya conocida “estamos trabajando”, “el tema no se ha olvidado” y la eterna promesa de que “no habrá impunidad”.

Peor, siguen en espera de que haya directivos de empresas, funcionarios o exfuncionarios identificados como responsables y sancionados penal y administrativamente.

Hasta ahora sólo Florencia Serranía “renunció” a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El 28 de junio fue sustituida por Guillermo Calderón, y aunque víctimas y familiares de fallecidos en la tragedia la han denunciado, no se sabe de una orden de aprehensión en su contra.

Las dilaciones de la fiscalía comenzaron desde los primeros minutos, cuando decenas de personas vivieron el calvario de encontrar a sus familiares en hospitales o en la morgue. El caso más conocido es el de la madre de Brandon Giovanni, Marisol Tapia, a quien las autoridades le hicieron creer que el menor aún estaba con vida y pasó más de 12 horas de angustia antes de encontrar su cadáver.

El 4 de mayo, un día después del colapso, a pocos metros de la estación Olivos de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, la FGJCDMX emitió su primer comunicado, en el que aseguró: “Nuestro compromiso es contar, en el menor tiempo posible, con una explicación soportada científica y jurídicamente sobre los lamentables hechos del día de ayer y dar la garantía a los ciudadanos de que se llegará a la verdad y se hará justicia, no se ocultará información ni se encubrirá a nadie”.

Una semana después, el 11 de mayo, la fiscal Ernestina Godoy se comprometió a presentar los primeros resultados del peritaje que harían sus especialistas en las siguientes seis semanas; es decir, del 21 al 25 de junio:

“Tenemos un plan de investigación que se sustenta en la evidencia científica, en el rigor técnico y apego a la ley. Nos hemos fijado un plazo no mayor a seis semanas para presentar las primeras conclusiones de esta investigación y hoy asumimos el compromiso de informar de forma periódica sobre los avances de la investigación.”

No obstante, desde esa fecha han pasado 14 semanas y ese peritaje no ha sido dado a conocer a las víctimas ni a la ciudadanía.

 

 

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