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El viernes 19 de marzo se citó a un nuevo periodo extraordinario en la 65 Legislatura, el único punto del orden del día es el dictamen que determina procedente el juicio político contra la magistrada Sofía Martínez Huerta.

En la reunión de trabajo, que se convocó a las 11 del día, los legisladores locales se erigirán como jurado para determinar si hay elementos suficientes para turnar al Poder Judicial el expediente en el que se acusa a Martínez Huerta de usurpación de funciones.

Según el protocolo, en la reunión privada, la Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen o una síntesis que contenga los puntos sustanciales y las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora.

El servidor público o a su defensor dispondrá de hasta por treinta minutos para que replique lo que a sus intereses convenga.

El jurado de acusación acordará, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus integrantes, si ha lugar a continuar el procedimiento; si el jurado de acusación acuerda que ha lugar a continuar el procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia

Recibido el expediente en la Secretaría General de Acuerdos, se turnará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para declarar que la Sala Constitucional del Poder Judicial se erige en Comisión de Enjuiciamiento y le enviará sin demora las constancias.

La Comisión de Enjuiciamiento dictará auto de radicación en el plazo de tres días posteriores a que le turne el Pleno el expediente, se emplazará a la Comisión Permanente Instructora y al acusado, a presentar sus alegatos por escrito en un periodo de tres días.

La Comisión de Enjuiciamiento escuchará a la Comisión Permanente Instructora que sostiene la acusación y al acusado o su defensor. Asimismo, podrá disponer la práctica de las diligencias que considere necesarias para integrar su proyecto de resolución.

Posteriormente, se formulará un proyecto de resolución, en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en su caso los alegatos formulados admitiendo la sanción propuesta por la Comisión Permanente Instructora, o proponiendo la que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde.

Recibido el Proyecto de Resolución por la Secretaría General de Acuerdos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia convocará al Pleno para erigirse en Jurado de Sentencia, en el plazo de setenta y dos horas siguientes a su depósito, y citará a la Comisión Permanente Instructora, al acusado y a su defensor.

Si la resolución del Jurado de Sentencia es condenatoria, se sancionará al servidor público, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años.

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