Publicado en Destacado, NACIONAL.

Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la recuperación de mil 479 millones 935 mil 473 pesos del Servicio de Protección Federal.

Una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal, iniciada con información de auditorías, detectó adeudos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del año 2015 por 10.8 millones de pesos y de Prevención y Readaptación Social (PRS) de los años 2016 y 2017 por 865.2 millones de pesos.

A partir de esta acción se instrumentó la recuperación de los adeudos a favor de la Tesorería de la Federación (Tesofe), no sólo por los años auditados, sino también por los ejercicios fiscales 2018 y 2019 por 603.4 millones de pesos.

Las dependencias no reconocían los adeudos debido a que, por malas prácticas de administraciones anteriores, no se formalizaron los contratos que debieron haber suscrito con el Servicio de Protección Federal, por lo que el OIC promovió la implementación de un protocolo administrativo para que no se presente esa situación de nueva cuenta y que los recursos adeudados fueran restituidos a la Tesofe.

Aunado a ello, tras la investigación se encontró una omisión y una deficiencia en el desarrollo de funciones del ex director general de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal en la pasada administración, al no realizar las acciones legales correspondientes para recuperar esos adeudos, por lo que se le impuso la sanción de inhabilitación de un año, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de ocurrir los hechos.

Por otra parte, la SFP inhabilitó por un plazo de tres meses a FIREKY, S.A de C.V., empresa de limpieza señalada por una serie de irregularidades y retraso en los pagos a sus trabajadores.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Secretaría comunicó a las entidades de la administración pública federal y empresas productivas del estado, así como a las entidades federativas, la orden de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa.

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