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El ministro Luis María Aguilar consideró que el objeto del ejercicio implica ‘una restricción de los derechos humanos ‘.

La solicitud de consulta para juzgar a los expresidentes propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional, propuso Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El magistrado expone, en el proyecto de revisión de constitucionalidad de la propuesta publicado este jueves, que el objeto integral de la solicitud es «consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes —Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones— investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud».

Aguilar consideró después que ese objeto es violatorio a la Constitución porque somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden implicar violaciones.

«La consulta popular no puede tener por objeto —expreso ni implícito— temas que involucren la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección», apuntó.

El ministro enfatizó que esta prohibición es necesaria pues así se garantiza la protección de los derechos de las y los mexicanos, incluso si esas garantías puedan ser políticamente incómodas o socialmente cuestionables.

«(Por ello) someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos», indicó.

Aguilar destacó que la propuesta de consulta presentada por el presidente el pasado 15 de septiembre también implicar desvirtuar la finalidad misma de este tipo de ejercicio ciudadano.

«La consulta popular busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México«, abundó.

El proyecto será discutido en el Pleno de la Suprema Corte el próximo 1 de octubre.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que ese argumento fue expuesto por Felipe Calderón, uno de los exmandatarios que se verían afectados por la consulta.

También pidió a los ministros de la Suprema Corte actuar de conformidad con lo establecido en las leyes y a «no dejarse intimidar».

«Que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. No necesitan leerme el artículo de la Constitución, que es el 35º, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos. Yo considero que no existe ninguna violación, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevale», declaró.

FUENTE: EL FINANCIERO

 

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