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El Gobierno de Nicolás Maduro decidió esta semana redoblar la ofensiva para frenar a los migrantes que cruzan por esos caminos clandestinos por miedo al contagio. En un intento disuasorio, el ministro del Interior, Néstor Reverol, advirtió el jueves de que aplicarán la legislación contemplada para casos de terrorismo y contra las mafias organizadas.

 

La frontera entre Colombia y Venezuela es desde hace años uno de los territorios más calientes de la región. Lo es por las constantes tensiones entre Bogotá y Caracas, porque se convirtió en el principal escenario de un éxodo sin precedentes y por la dificultad de controlar más de 2.200 kilómetros repletos de pasos ilegales, las trochas. Esas características la convierten en una de las zonas más expuestas a la propagación del coronavirus, un potencial catalizador de la pandemia a pesar de las medidas de seguridad adoptadas.

De los más de cinco millones de venezolanos que, sobre todo a partir de 2017, se fueron en busca de oportunidades, casi 1,8 millones se establecieron en el país vecino. La pandemia de la covid-19 desencadenó el regreso de decenas de miles de migrantes. El temor a contraer la enfermedad se mezcló con problemas estructurales como la falta de empleo, el acceso a los servicios públicos y la vivienda. Según datos de Migración Colombia, a finales de junio habían retornado más de 81.000 personas y otras 30.000 estaban a la espera de cruzar. Una cantidad menor en términos comparativos, pero en absoluto despreciable, sobre todo en medio de una emergencia sanitaria. Las autoridades habilitaron centros de acogida para atender a quienes deciden volver, por ejemplo en el puente internacional de Tienditas, junto a la ciudad fronteriza de Cúcuta. Sin embargo, la frontera es una especie de tercer país. Su complejidad, la presencia de grupos ilegales que operan en ese ecosistema y los férreos controles a los que son sometidos los migrantes que regresan legalmente propician los flujos sin control a través de las trochas.

“Estamos dando una inmensa batalla, por la salud del pueblo, contra el coronavirus. Hay que dar la batalla, incrementada, ministro Reverol, contra los trocheros y las trocheras, contra los delincuentes que organizan las redes de trocheros para traer a trocheros que contaminen nuestro país”, ordenó Maduro en un vídeo dirigido a los policías. “Guardia en alto, Policía Nacional Bolivariana, policías estatales, municipales, guardia en alto, Guardia Nacional Bolivariana, todo el sistema de seguridad… Vamos por los trocheros, a ubicarlos para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad que algunos pudieran traer”, continuó. El titular de Interior fue más allá y recurrió abiertamente a términos bélicos. “Hemos declarado la guerra a los trocheros”, dijo Reverol durante un acto, informa Efe. Las penas a las que se enfrentan los responsables de estas redes van de 8 a 12 años de prisión.

Es habitual que el régimen chavista atribuya todos sus males a un factor externo. En este caso, no obstante, la amenaza del coronavirus hizo que casi todos los países de la región optaran por aislarse para contener la propagación. El Ejecutivo colombiano de Iván Duque decretó el cierre de las fronteras y la cuarentena ya a finales de marzo. Y casi cuatro meses después, cuando las economías ya no resisten los embates del confinamiento, distintos Gobiernos ensayan protocolos de desescalada, a pesar de que la pandemia aún no ha alcanzado el pico. Venezuela registra, según cifras oficiales, pocos casos. Casi 11.000 contagios y un centenar de muertes. Sin embargo, estos números crecieron de forma exponencial justo en las últimas semanas. Y el virus ha infectado también a dirigentes chavistas de primera línea, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

Además, la destrucción progresiva de los servicios públicos de salud y las dificultades del Gobierno de Maduro para rastrear los casos han llevado a expertos y comunidades científicas a dudar del alcance real de la enfermedad en Venezuela. La oposición liderada por Juan Guaidó alertó de la falta de recursos para hacer frente a la crisis y hasta alcanzó un acuerdo con las autoridades para delegar en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la gestión de fondos y ayudas para combatir el coronavirus. Sin embargo, más allá de los entendimientos puntuales, la enorme brecha política e institucional que vive el país ha dificultado una cooperación frente a la emergencia sanitaria.

 

 

FUENTE: El País

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