Publicado en ACAYUCAN, Destacado, ESTATAL, NACIONAL.

El impacto del COVID-19 está obligando tanto al Gobierno Federal y las diferentes administraciones estatales, a implementar urgentemente medidas económicas y sanitarias, desnudando el precario sistema de salud existente y la ausencia de medidas apropiadas para los pueblos indígenas.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México alrededor de 12 millones 25 mil 947 personas son indígenas, los cuales actualmente corren un alto riesgo de no poder hacer frente al COVID-19, a consecuencia del alto grado de desigualdad en el que han vivo por años.

Aunado a ello se suma la pobreza en la cual se encuentra gran parte de la población indígena, ya que tan solo en el año 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que 8.4 millones de indígenas se encontraban en situación de pobreza, mientras que 3.4 millones de indígenas se ubicaban en situación de pobreza extrema.

En consecuencia, son las mujeres y hombres pertenecientes a alguna población indígena quienes sufren de diversos tipos de discriminación, misma que en la mayoría de las ocasiones es realizada por la misma ciudadanía y autoridades, siendo estas últimas quienes los llegan a limitar a acceder a sus derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo.

Es precisamente en las comunidades indígenas en donde la pandemia se puede agravar aún más, ya que las enfermedades vinculadas a la pobreza tales como la anemia, desnutrición, enfermedades infecciosas como la tuberculosis y dengue no han sido atendidas debidamente. Lo agravan aún más otros factores como lo son la falta de servicios de drenaje, el debido respeto a sus derechos humanos, la invasión a sus tierras por parte de terceros, la explotación indebida de sus recursos naturales y la intromisión de grupos armados en su territorio.

Hasta el momento el Gobierno Federal no ha impulsado algún programa social que este enfocado en apoyar de manera directa a la población indígena, limitándose únicamente a hacer uso de sus programas sociales existentes (“Jóvenes Construyendo el Futuro”“Sembrando Vida” y “Tandas para el Bienestar”), en los cuales en ningún momento se contemplan a los pueblos originarios. Es más, no se tiene claro si estos programas se podrán ampliar, ya que hasta ahora solo están disponibles para quienes fueron censados durante el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

En consecuencia, los pueblos indígenas a falta del apoyo gubernamental del ejecutivo federal, así como de algunas entidades federativas, tomaron acciones propias con la finalidad de combatir este virus. Han sido esas comunidades quienes han ejercido su autonomía y libre determinación como pueblo originario, con la finalidad de salvaguardar a su comunidad.

No obstante, se han visto limitados en aspectos esenciales como el de estar informados debidamente sobre los alcances y afectaciones del CORONAVIRUS, lo cual trae en consecuencia un alto grado de desinformación en la población, creando de esta manera caos, paranoia e incertidumbre.  Ejemplo de una situación como esta se puede precisar en La Joya de Santa María Jacatepec, Oaxaca, en donde familiares de una persona que supuestamente había fallecido a consecuencia del COVID-19, retuvieron a personal médico de un centro de salud, exigiendo que se corroborara el motivo del deceso.

Es lamentable ver que se viva una situación como esta en las comunidades indígenas, sin embargo, como señalé en líneas anteriores, esta persiste precisamente por la falta de interés de los gobernantes, quienes se limitan a preocuparse por la población indígena en ciertos momentos, dejando a un lado la justicia social que tanto urge reivindicarles.

En consecuencia es inevitable que el Gobierno Federal y las y los gobernadores de las entidades federativas en las cuales se concentren la población indígena, apremien en reconocerles de manera real sus derechos fundamentales. Son nuestros dirigentes quienes deben darse cuenta de que el CORONAVIRUS es una enfermedad que no es propia de una clase social o población en particular, por lo cual, surge el desafío de enfrentar al mismo en igualdad de condiciones con una perspectiva de derechos.

Es por ello que Estado Mexicano debe enfrentar las desigualdades que persisten en nuestra nación, pero sobre todo a aquellas que afectan a los pueblos indígena, respetando en todo momento el marco legal a través del cual se rigen y gobiernan.

 

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