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La actriz asegura que fue objeto de una persecución política en investigación de Joaquín El Chapo Guzmán

El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordenó a la Fiscalía General de la República, otorgar copia de la averiguación previa que integró en contra de la actriz mexicana Kate del Castillo, por su presunta relación con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

La actriz, señala que dicho expediente le servirá para presentarlo como prueba en la demanda que interpuso al estado mexicano por daño moral por el orden de los 60 millones de dólares, ya que asegura fue objeto de una persecución política.

Del Castillo, a quien se le relaciona con el Chapo Guzmán, tuvo que abandonar el país, luego de que la FGR la acusó de ser cómplice del narcotraficante. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2018, luego de tres años de autoexilio, Kate regresó a México procedente de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y advirtió que demandaría a la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) por daño moral y material.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, le concedió la protección de la justicia a la actriz, porque la Representación Social de la Federación afectó el interés jurídico de la quejosa, ya que busca ofrecer esa documental en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado DGAJ/PRPE/001/2017.

No obstante, la FGR a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, le negó copia del expediente.

Inconforme, la actriz pidió la protección de la justicia mexicana y de esta forma el juez demandó que se entregue la copia, previo pago que por ello se realice, y como se solicita, se remita por los conductos institucionales respectivos a la Directora General de Asuntos Jurídicos de la FGR.

Enfatizó que el Ministerio Público Federal deberá establecer cuáles son las constancias específicas que tendrán que conservarse en sigilo o reserva y, en tal virtud, testar los datos susceptibles de secrecía conforme al dispositivo 21 Constitucional que le otorga la facultad para ello, ya que es la autoridad encargada de la investigación de los delitos puestos a su consideración en la multicitada indagatoria.

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