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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”.

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona.

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania.

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

Esto es lo que le sucedió al reportero Carlos Choc, miembro de una comunidad guatemalteca Maya Q’eqchi en El Estor, que durante un año debía trabajar en un proyecto de investigación sobre el impacto medioambiental y social de una mina de ferroníquel local. El 27 de mayo de 2017, un grupo de pescadores organizó un bloqueo para protestar a la vez contra las autoridades, que consideraban que les habían abandonado, y contra la mina, propiedad del grupo suizo Solway, al que acusaban de contaminar el lago Izabal que es su principal fuente de sustento.

Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, un pescador yacía muerto en el suelo en medio de un charco de sangre, con un proyectil en su pecho disparado por un policía. Carlos Choc, que capturó la escena con su cámara, fue inmediatamente acusado de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.

“La compañía de níquel, a través de sus trabajadores, estaba diciendo cosas como que yo llevaba un arma de fuego, o que yo llevaba un machete, o un palo y que era yo quien dirigía el grupo”, explica Choc. “Yo repito que, en primer lugar, nunca he llevado un arma de fuego. Mi trabajo es cargar una cámara fotográfica, o simplemente una grabadora, y llevar mi teléfono celular y mi computadora portátil. Eso es todo lo que llevo, no llevo nada más”.

Los periodistas, coordinados por Forbidden Stories, descubrieron que tanto los propietarios de las minas como las autoridades guatemaltecas mintieron repetidamente sobre la protesta y el impacto medioambiental de la mina. Un portavoz de la mina negó que la planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de las pruebas fotográficas que indican lo contrario. En cuanto a la contaminación del lago, entrevistamos expertos que cuestionan las afirmaciones de las autoridades. “Al comparar los niveles de níquel que se encuentran en el lago junto a la mina y la planta para procesar su mineral, con los niveles de las aguas que se encuentran más alejadas, hay pruebas bastante sólidas para sostener que la mina y la planta están contaminando el lago”, dijo el biólogo portugués Eduardo Limbert.

La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.

Mientras las autoridades le perseguían con cargos criminales, Choc, tuvo que vivir clandestinamente durante más de un año, lejos de sus hijos. La situación era insostenible. Tras conocer que un colega suyo había sido arrestado por los mismos cargos, decidió esconderse de las autoridades hasta poder presentarse ante el juez.

Choc, finalmente pudo ver a un juez en enero y lograr así evitar la prisión preventiva. Ahora está a la espera de la audiencia sobre su caso.

Confrontado a todos estas informaciones, José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal de la Corte de Guatemala, dijo a los periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) que iniciaría una investigación sobre el juez Édgar Aníbal Arteaga López, el magistrado a cargo de perseguir judicialmente tanto a los pescadores como a Carlos Choc.

“La libertad de expresión está incluida en la Constitución, por lo que no constituye un delito”, subrayó Baquiax.

“Cuando los periodistas informan sobre temas medioambientales, a menudo informan sobre compañías o actores corruptos que están en total sintonía con el gobierno”, dice Bruce Shapiro, director de Dart for Journalism and Trauma de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. “Esto significa que los protagonistas de las investigaciones se convierten los enemigos más peligrosos del mundo, y me cuesta pensar en una categoría de reporteros de investigación que trate habitualmente con actores más peligrosos que los periodistas medioambientales”.

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