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En medio de inéditas tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, miles de migrantes –sobre todo centroamericanos– continúan arribando a la frontera entre los dos países para solicitar asilo al gobierno de Donald Trump. Y aunque se trata de un asunto de vida o muerte, poquísimos lo consiguen. A las dificultades del prolongado trayecto se suman los obstáculos burocráticos de las autoridades estadunidenses, la dificultad de sobrevivir en Baja California sin dinero, familia ni trabajo, y las acciones del Instituto Nacional de Migración para evitar el ingreso de las caravanas por la frontera sur.

ENSENADA, BC. (Proceso).- “Del miedo a morir y a que maten a tu familia… y también de sufrir tanta hambre, de ahí sale la fuerza para arriesgarse a todo”, explica María Carmen Flores cuando se le pregunta de dónde sacó el valor de arrojarse contra la barda fronteriza desde Tijuana para caer en territorio estadunidense. Lo hizo con su hijo de nueve años en brazos y otro, ya adolescente, de la mano.

Esa madre hondureña y sus dos vástagos ya se encuentran en Denver, Colorado, con un juicio en proceso para obtener asilo en Estados Unidos.

María Carmen tuvo suerte. Alcanzó a “tirarse contra la barda” antes del pasado 29 de enero, fecha a partir de la cual el presidente Donald Trump impuso el Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), que obliga a los solicitantes de asilo a retornar a México mientras se desahogan los juicios correspondientes, que pueden prolongarse varios años.

Baja California tiene registro oficial de 3 mil 213 migrantes centroamericanos, incluidas 980 familias. Todos solicitan asilo al país a través de dos puertos fronterizos: El Chaparral, en Tijuana, y la garita de Mexicali.

La mayoría de migrantes, 2 mil 159, se concentra en Tijuana; otros mil 54 están en Mexicali. Provienen sobre todo de Guatemala (mil 437), Honduras (mil 164) y El Salvador (524), según los datos de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta el 12 de mayo pasado.

Gobernación y el INM precisan que la población de centroamericanos en tránsito es de mil 75 hombres y 784 mujeres, 916 niños y niñas de cero a 12 años, y 356 adolescentes de 13 a 17 años.

La mayoría de ellos (mil 851) vive en albergues, otros 733 han logrado conseguir casas o habitaciones que rentan en grupos y más de 300 consiguieron hospedaje con amigos, muchos de ellos personas altruistas o activistas de derechos humanos.

Todos cuentan con documentos expedidos por el gobierno mexicano: 2 mil 798 con Forma Migratoria Múltiple (FMM); 377 tienen la Tarjeta Visitante Razones Humanitarias (TVRH) y seis la Tarjeta Residente Permanente.

Soraya Vázquez Pesqueira dirige el capítulo mexicano de la organización Families Belongs Together, que apoya a solicitantes de asilo en Estados Unidos y busca en Centroamérica a los padres de los menores que están solos en centros de detención estadunidenses, al conseguirles visas humanitarias para reunir a las familias.

–¿Cuántos migrantes, de los más de 3 mil “retornados” que están en la frontera norte de Baja California, han logrado que el gobierno estadunidense les conceda asilo? –se le plantea a Vázquez Pesqueira.

–¡Ninguno!

–¿Está fallando el programa de Trump?

–Al contrario, está cumpliendo su objetivo: impedir que entren los migrantes a Estados Unidos, aun cuando demuestren que sus vidas están en peligro, que huyen de la violencia política y social de sus países.

Cita el caso de María Carmen Flores:

“Ella trabajaba lavando y planchando ropa ajena. Un día vio a los sicarios de la pandilla de Los Maras (Salvatruchas) matar a sangre fría a unos hombres en la casa vecina. Intentaron matarla porque fue testigo del multihomicidio, pero ella logró huir de su país. Pidió a uno de sus hermanos que le llevara a sus hijos a la frontera sur de México. En el camino se unió a la caravana que ya venía de Honduras y así llegó hasta Tijuana sin saber nada de su familia.

“Acá la conocí por mi trabajo en favor de los migrantes. Me movilicé y pude localizar a sus niños; los habían detenido en un retén de Chiapas. Logramos reunirla con sus hijos. Después recibí una llamada en mi celular. Era ella. ‘Estoy en Denver’, me dijo. ‘¿Cómo pudiste cruzar la frontera?’, pregunté. Y ella: ‘Me tiré por la barda’.

“Enfrentó un proceso por su entrada ilegal a Estados Unidos, pero ya inició su juicio de asilo en Denver, Colorado, donde tiene amistades. Los Maras mataron a uno de sus tíos que no pudo salir de Honduras.”

Tercer país seguro

Soraya Vázquez, abogada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y candidata a doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, de Madrid, España, afirma que actualmente la migración tiene características inéditas.

Con más de 20 años como activista de organismos mexicanos –como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste– e internacionales defensores de los migrantes, agrega que antes éstos solían esconderse, mientras que hoy se visibilizan en caravanas para protegerse de asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos. Emigrar se convirtió en un asunto de vida o muerte.

Otro aspecto inédito y “bastante perverso” –dice– es que, a diferencia de lo que sucedió con María Carmen Flores, ahora a los migrantes se les obliga a retornar a México para seguir desde este país juicios de asilo que nunca se resuelven.

Como Estados Unidos presiona a México con todo, incluida su reciente amenaza de fijar aranceles especiales a sus productos, a fin de que el gobierno de López Obrador frene el flujo migratorio hacia su frontera norte, se le plantea a la especialista si Trump pretende convertir a México en el “tercer país seguro” para los migrantes.

–¡Claro, pero eso es imposible! Nuestro país no es seguro ni para nosotros. Y menos Tijuana, la ciudad con mayor tasa de asesinatos en el mundo.

–¿Cuál es la salida a esta crisis humanitaria de miles de migrantes que impacta a las ciudades fronterizas del norte de México?

–Estados Unidos debe recibir a esos migrantes. Tiene cuantiosos recursos, pero debe reorientarlos. En vez de invertir millonadas en centros de reclusión, debiera permitir que la gente espere su proceso de asilo en libertad, trabajando.

“Resulta muy costoso criminalizar la migración. Respetar el derecho de asilo a todas las personas es más barato. El problema es que han convertido la migración en una industria. Al criminalizar la migración, un puñado de inversionistas se enriquece construyendo y administrando centros de retención de migrantes, que son cárceles para quienes están esperando que les concedan asilo y no son criminales.”

La Pequeña Haití

Al preguntarle a la abogada Soraya Vázquez cuántos migrantes “retornados” podrían conseguir asilo en un futuro cercano, no es optimista:

–El caso más cercano al éxito que conozco es el de un hondureño que se entregó a la Migra (policía migratoria) en San Diego. Solicitó asilo a principios de febrero. Lleva dos audiencias en la Corte y en mayo le dieron cita para una tercera audiencia que se efectuará en diciembre. No sabemos a cuántas audiencias más será citado, tampoco podemos saber si el fallo será favorable o le negarán el asilo.

Vázquez, también fundadora del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana BC, que surgió hace tres años ante el arribo masivo de migrantes al estado, indica que muy pocos de los más de 16 mil haitianos que arribaron entre mayo y diciembre de 2016 obtuvieron asilo en Estados Unidos.

La mayoría se dispersó por América Latina, pero más de 3 mil aún esperan en Baja California la respuesta de los jueces estadunidenses y en tanto se integraron a la sociedad tijuanense. Crearon, incluso, un asentamiento denominado La Pequeña Haití, con casitas construidas en terrenos de 36 metros cuadrados, en un predio donado por Zaida Guillén y su esposo Gustavo Banda, pastor de la Iglesia evangélica Embajadores de Jesús.

La Pequeña Haití se ubica a 10 kilómetros al sureste de Tijuana, en el Cañón del Alacrán. Christopher Faustin y su esposa fueron los primeros en construir su pequeña casa de madera, donde viven con su bebé. “Fue dificilísimo llegar hasta aquí”, dice Faustin al recordar cómo cruzaron a pie la selva entre Colombia y Panamá.

Al preguntarle a la abogada y activista Vázquez si existen cuellos de botella en los trámites migratorios de haitianos y centroamericanos, contesta que sobre todo se muestra “crueldad”, ya que se obliga a los migrantes a retornar por Mexicali y se les fijan audiencias en la Corte de San Diego, a más de 330 kilómetros de ahí, lo que implica una inversión de tiempo, pasajes por 700 pesos, así como gastos de alimentación y hospedaje.

“Si no tienen recursos para acudir a la audiencia, pierdan la oportunidad y su caso se empantana”, comenta.

El proceso que enfrenta un solicitante de asilo exige infinita paciencia. Los migrantes elaboran listas de solicitantes en un cuaderno; cada quien recibe su nombre en un trozo de papel, como un boleto, con el número que le corresponde. El Grupo Beta, policía no armada que auxilia al INM, elabora esa lista en Mexicali; en otros lugares es tarea del Centro de Atención a Migrantes.

Cada migrante pregunta cuándo debe presentarse a solicitar asilo. Transcurren de dos a tres meses para que sea su turno. En ocasiones llaman a 10 y en otras a 40 personas para que acudan al mismo día a la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) para iniciar el proceso.

La persona solicitante de asilo espera a que la CBP le comunique cuándo es su primera audiencia ante una Corte. Pueden pasar dos meses, y cuando al fin se presenta a la Corte, va sin abogado y el juez “otorga” otro bimestre para que consiga uno.

Mientras procesan la solicitud, el migrante permanece en un centro de detención, luego lo regresan al puerto fronterizo de entrada, donde se le hace entrega de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) que regula su ingreso al país en calidad de “retornado” a México. Con ese documento puede estar legalmente en este país, pero no se le permite trabajar. En esas condiciones espera la segunda, tercera y cuantas citas ordenen los jueces de migración.

–¿Cuánto tarda ese proceso y de qué viven mientras tanto?

–Puede tardar años. ¿De qué viven? Unos consiguen chambitas limpiando cebolla en los mercados, lavando autos, vendiendo chucherías en la calle. Ganan una miseria y, para colmo, algunas veces son extorsionados por policías municipales. Viven recluidos en albergues, con carencia de alimentos, ropa y medicinas. En Tijuana existen entre 25 y 30 albergues, por lo general de congregaciones religiosas, que son una bendición para los migrantes.

–¿Y el gobierno?

–Como si no existiera. Peor aún, estorba, como fue el caso del alcalde Juan Manuel Gastélum, El Patas, quien discriminó y criminalizó a los migrantes incitando al odio de la gente en contra de ellos, motivo por el cual fue reconvenido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Algunas personas asumieron una actitud deleznable ante los migrantes hondureños, en contraste con la empatía hacia los haitianos, porque el largo trayecto de la caravana desde Honduras abrió espacio a que fuesen criminalizados mediáticamente.”

Añade que incluso vinieron a Tijuana simpatizantes de Trump a hostigar a los migrantes en el estadio Benito Juárez. “Eran pronazis, hombres de cabezas afeitadas, y con ellos venían un tipo de un programa de radio y una mujer que aparecía como Paloma for Trump”, relata la especialista.

–¿Cuáles deben ser las acciones inmediatas del gobierno mexicano ante las difíciles condiciones en que sobreviven los migrantes retornados?

–Entregar visas humanitarias a todos para que puedan conseguir un trabajo mientras se resuelve su juicio de asilo. También, incorporarlos a la sociedad en condiciones dignas y de pleno respeto a sus derechos humanos, como manda nuestra Carta Magna.

Chivos expiatorios

Organizaciones defensoras de migrantes en Baja California exigen la liberación de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, activistas detenidos el pasado 5 de junio, cuando la Guardia Nacional también impidió que una caravana de centroamericanos ingresara al país.

Mújica es uno de los líderes de Pueblo Sin Fronteras, que ha acompañado a las caravas de migrantes desde hace muchos años.

“A veces no comulgamos con sus métodos en la exigencia de derechos de los migrantes, pero eso no lo convierte en ningún criminal ni en un traficante de personas: es una injusticia la que están cometiendo contra estos líderes. Es absurdo, por ejemplo, que congelaran sus cuentas porque dicen que detectaron cinco transacciones bancarias a Querétaro. Yo también envío dinero a migrantes y no por eso soy una traficante de personas”, dice la abogada Vázquez.

Y concluye:

“Irineo Mújica tuvo un desacuerdo con el padre (Alejandro) Solalinde, quien parece ser el más autorizado en el tema migratorio para el gobierno federal. A partir de entonces el padre Solalinde criminalizó a Irineo y la ministra (la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero) ha expresado comentarios criminalizando la labor de Irineo y de Pueblo Sin Fronteras. No queremos pensar que pretenden utilizarlo como chivo expiatorio en la mesa de negociaciones con Trump. Vamos a defenderlo.”

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