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El candidato de Morena a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla, ya se siente ganador y asegura que se acabaron los 30 años de gobiernos panistas. En las últimas semanas supo concitar el apoyo de viejos priistas, aunque maniobró, sin éxito, para que las instancias electorales aprobaran que la próxima gubernatura fuese de seis años.

MEXICALI, BC (Proceso).- Montada sobre el “tsunami electoral AMLO de 2018”, la coalición Juntos Haremos Historia en esta entidad busca terminar con la supremacía de 30 años ininterrumpidos de gobiernos panistas. Y confiados en las encuestas, los morenistas anuncian ya la derrota del PAN, mientras el PRI sigue extinguiéndose paulatinamente.
En los comicios federales de 2018, Jaime Bonilla Valdez –quien hoy busca la gubernatura– ganó una curul para Morena en el Senado, pero sólo estuvo tres meses en esa encomienda, pues fue nombrado superdelegado por Baja California.

Bonilla, el candidato mejor posicionado, compite contra Óscar Vega Marín (PAN), Jaime Martínez Veloz (PRD), Enrique Acosta Fregoso (PRI), Héctor Osuna Jaime (MC) e Ignacio Anaya, del Partido Baja California.

La encuestadora Opinión Pública Surveys –de Raúl García Pérez, socio de Bonilla– ubica al candidato de Morena 62 puntos por encima de los otros competidores, mientras Massive Caller, Telemétrica MX y Arias Consultores le dan entre 12 y 20 puntos sobre su más cercano contrincante, el panista Vega Marín.

“¡Hasta aquí llegaron!”, suele decir Bonilla en sus actos de campaña. Dice que después de 30 años de malos gobiernos, “hemos recuperado la esperanza de que un cambio verdadero es posible y juntos lo vamos a lograr: juntos haremos historia en Baja California”.

Sus adversarios comentan que con Bonilla retornará al poder el viejo grupo de priistas derrotado en 1989 en la entidad; ahora aliado a los panistas más corruptos.
Y mencionaron dos casos: Guillermo Trejo Dozal, el secretario de Salud que organizó una cena con empresarios para aportar fondos a la campaña de Bonilla, por lo que el gobernador Francisco Garza le pidió su renuncia el sábado 4; y Carlo Bonfante, secretario de Desarrollo Económico, a quien Vega Marín acusa de hacer proselitismo a favor del abanderado de Morena.

Según él, “Bonilla ha decidido rodearse de delincuentes, entre ellos los secretarios con mayor desgaste del gobierno del estado, como Trejo Dozal, quien estuvo una vez en la cárcel”, por sus vínculos con una empresa dedicada a vender seguros médicos sin autorización de la Secretaría de Hacienda.
Del “Diablo” y el “kikismo”

Y mientras el priismo agoniza, el miércoles 1 Bonilla marchó al lado del líder cetemista Eligio Valencia Roque y su camarilla, gente cercana a Xicoténcatl Leyva Mortera, el último gobernador del PRI en el estado.

Antes, a principios de abril, después de la conmemoración del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, Leyva Mortera declaró que no votaría por su correligionario Acosta Fregoso, sino por su amigo Jaime Bonilla. Algunos de los priistas cercanos a Leyva lo imitaron.

Semanas después, el PRI anunció la expulsión de Leyva, el exsenador Fernando Castro Trenti, la exsenadora y expresidenta estatal del partido Nancy Sánchez Arredondo, Marco Antonio Novelo, alcalde de Ensenada en funciones, y 15 distinguidos militantes, así como de cuadros cetemistas de Jorge Hank Rhon.

El domingo 19, en un mitin de apoyo a Acosta Fregoso en Mexicali, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresó: “Me emociona mucho estar aquí con este priismo, el priismo de la resistencia, el priismo de la lealtad, el priismo de las convicciones y la congruencia”.

Castro Trenti –quien militó casi medio siglo en el PRI, fue legislador varias veces y embajador en Argentina y Suiza–, organizó una conferencia para exhibir gráficas, fotografías y periódicos para demostrar, dijo, que desde hace años coincide con el proyecto de López Obrador.

Al día siguiente, Castro Trenti, conocido como El Diablo, ya estaba sentado a la mesa de un restaurante, dialogando con Leonel Godoy Rangel, el delegado nacional de Morena.

El PAN, por su parte, está a punto de perder su bastión histórico. Hoy, ocho de cada 10 bajacalifornianos desaprueban la ­administración de Kiko Garza, según la firma Arias Consultores.

Héctor Osuna Jaime, quien fue diputado local de 1989 a 1992, alcalde de Tijuana en el trienio 1992-1995 y senador de mayoría por Baja California renunció al PAN en 2014 y ahora exhorta a los ciudadanos a “terminar con el kikismo. Sostiene que la negligencia, opacidad y corrupción definen al mandatario.

A su vez, el expriista y exmorenista Martínez Veloz sostiene que Bonilla secuestró a Morena en Baja California, en un plan de “conspiración trasnacional”. Su propósito, dice, es llegar al gobierno para hacer negocios privados con los recursos naturales y el erario del estado.

“Es el mismo proyecto neoliberal de Kiko Vega”, sostiene, tras entregar a Proceso documentos de una investigación que realiza desde hace años. El plan de negocios, reitera, es entregar el agua de Mexicali a la cervecera Constellation Brands; los recursos mineros a empresas nacionales y extranjeras que envenenan tierras y acuíferos, pero sobre todo impulsar megaobras multimillonarias que dejarán endeudada a Baja California durante 40 años.

Otras pifias

Martínez Veloz menciona también la planta desalinizadora de agua marina de Playas de Rosarito, proyectada para ser la más grande del continente, con capacidad de producir 352 millones de litros de agua potable al día.

A su vez, dice, la trasnacional Consolidated Water Corporation LTD construirá una megaobra por medio de su filial mexicana NSC Agua, utilizando además a la Comisión Federal de Electricidad para el enfriamiento de los condensadores de la termoeléctrica Presidente Juárez.

Bonilla se dedicó a cabildear la exportación de agua potable de Baja California a San Diego, California, de 2000 a 2011, cuando fue director del Distrito de Agua de Otay y posteriormente como diputado federal, asevera Martínez Veloz

Y Osuna sentencia: “A Kiko Vega y a Jaime Bonilla los hermana el negocio del agua”.

Vega entrega un estado hundido en la peor crisis de violencia y criminalidad en toda su historia, con las finanzas públicas colapsadas y una deuda de 32 mil millones de pesos que aumentará a 84 mil millones con los contratos de las Asociaciones Públicas Privadas (APP), aprobados por el Congreso local, lo que compromete el erario de Baja California 40 años.

Acosta, candidato del PRI, declaró que el gobernador debe responder por ­peculado por el desvío de partidas presupuestales por 5 mil millones de pesos detectado por la Auditoría Superior de la Federación. Según él, esa acción provocó el adeudo histórico de mil millones de pesos en la Universidad Autónoma de Baja California.

El viernes 17, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California interpuso un juicio de amparo contra el decreto 335 del Congreso local para frenar el intento del gobierno de Garza de gestionar el refinanciamiento de 12 mil 500 millones de pesos a un plazo de 30 años, elevando la deuda a 39 mil millones de pesos.

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