Publicado en Destacado, NACIONAL.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) está por resolver un asunto que tiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo la mira de Naciones Unidas (ONU).

Se trata de un caso heredado de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y tiene que ver con la persecución de los delitos y la administración y aplicación de la justicia en México.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, está en espera de la resolución que en los próximos días tome la Quinta Sala del TSJCDMX sobre el encarcelamiento del empresario George Khoury Layon. Los gobiernos panistas fracasaron en tres ocasiones en su intención de procesarlo por delincuencia organizada.

Absuelto en esos tres intentos, que lo mantuvieron en prisión durante casi cuatro años de la década pasada, fue acusado entonces del homicidio de un empresario y detenido al día siguiente de su tercera exculpación.

La nueva acusación, pese a ser del fuero común, lo tiene preso desde 2009. Actualmente está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En abril de 2018, la ONU pidió al gobierno de Enrique Peña responder por lo que tipificó como una detención arbitraria, luego de evaluar los argumentos jurídicos del acusado y del Estado mexicano.

En su opinión, el Grupo de Trabajo se pronunció por la liberación de Khoury Layon, debido a que, además de haber sido acusado del mismo delito en distintas ocasiones, fue sometido a tortura durante su segunda detención.

En el gobierno de Calderón, sus aprehensiones estuvieron a cargo de la Policía Federal, que dependía entonces del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Durante el gobierno de Fox, García Luna fue director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), responsable de las detenciones en la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).

En el caso del homicidio, fue detenido por la Procuraduría local cuando el entonces jefe de gobierno de la capital era Marcelo Ebrard, ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Otra de las violaciones que encontró el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue la tortura de otra persona para implicar a Khoury en un caso de relevancia: la desaparición de Hugo Alberto Wallace. Esa tortura fue corroborada bajo el Protocolo de Estambul.

Peña Nieto se fue sin responderle a la ONU y ahora la carga es para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como interlocutora de la ONU, la SRE trasladó las observaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la capital, la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal.

Cada una de ellas tendrá que pronunciarse. El TSJCDMX está por emitir su fallo a través del magistrado Salvador Ávalos Sandoval, titular de la Quinta Sala. Pero Naciones Unidas no sólo pide la liberación del acusado, sino indemnizarlo y otras formas de reparación del daño.

También exige que se investigue y procese penalmente a los responsables de la tortura, así como una investigación independiente de los implicados en la detención arbitraria. De lo que haga, el gobierno de López Obrador tendrá que informarle a la ONU, aunque ésta ha hecho su propio seguimiento del caso.

 

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