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La balacera del miércoles 8 en Cuernavaca, Morelos –cuyo saldo fue de dos muertos y dos heridos–, es la muestra de una añeja pugna entre por lo menos tres grupos sindicales que intentan controlar a los ambulantes asentados en el Centro Histórico de esta ciudad. Los esfuerzos de la alcaldía y el gobierno estatal por reordenarlos sólo han dado frutos efímeros del año 2000 a la fecha. La violencia es cíclica y el episodio de la semana pasada recuerda la ejecución de Manuel García Bejarano, hijo del dirigente cetemista Jesús García, una de las personas fallecidas ese día.   

 

CUERNAVACA, Mor. (Proceso).- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) –preclaro ejemplo del sindicalismo corporativo– opera en Morelos como Federación de Trabajadores del Estado de Morelos (FTEM). Desde su creación aglutinó a los obreros de las industrias que arribaron a la entidad en la década de los sesenta y se establecieron sobre todo en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), municipio de Jiutepec.

En el año 2000 Vinicio Limón Rivera, quien provenía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), se colocó al frente de la federación. Eran tiempos convulsos en los que Juan Salgado Brito, el priista que disputó la gubernatura, perdió frente al panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

Dos años antes el también priista Jorge Carrillo Olea tuvo que dejar la gubernatura repudiado por los morelenses, quienes se quejaban de la inseguridad y denunciaban la complicidad de los funcionarios de su gobierno.

Meses antes, Bulmaro Hernández Juárez, quien creció a la sombra de la CTM y la FTEM, decidió separarse y creó el Nuevo Grupo Sindical (NGS) y comenzó a disputar los contratos colectivos a sus antiguos aliados. Intentó también controlar los sindicatos en algunos municipios y organismos públicos, como el Hospital del Niño Morelense.

La disputa entre la CTM y el NGS generó violencia durante la gestión de Estrada Cajigal, quien debilitó la presencia de la central obrera ligada al PRI. El grupo de Hernández Juárez, quien se formó en el sindicato de distribuidores de cerveza en la entidad, cobró fuerza y sus seguidores comenzaron a posicionarse en otras áreas productivas.

Así surgió un sindicato de camioneros materialistas, con fuerte incidencia en las obras públicas de la entidad, así como en la construcción de carreteras. Luego surgieron las peleas por la adjudicación de los millonarios contratos en los que las organizaciones camioneras se llevaban entre 10 y 15%.

Y como la CTM también tenía sus camiones, la pugna pasó de las oficinas al espacio público, mediante bloqueos carreteros y algunas trifulcas entre los choferes.

Fidelidades con caducidad

Las diferencias saltaron al comercio ambulante. Entre 1997 y 2000 la alcaldía de Cuernavaca y el gobierno estatal lograron un acuerdo para la reubicación de los comerciantes ambulantes. Se construyeron las plazas Lido y Degollado –la primera en las calles de Guerrero y Clavijero; la segunda en Degollado y Clavijero– y los comerciantes se establecieron en los locales construidos ex profeso.

Años después llegaron nuevos ambulantes al Centro Histórico, lo que molestó al comercio establecido. Y cuando el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu (2012–2018) decidió convertir la calle Guerrero en vía peatonal, los comerciantes de Lido y Degollado volvieron a instalarse en esa arteria.

Los nuevos ambulantes, prohijados por las administraciones de Marco Antonio Adame Castillo (2006-2012) y Ramírez Garrido Abreu, estaban afiliados al NGS. Fueron Benhur y Abraham Hernández Bringas, hijos de Hernández Juárez, quienes les asignaron sus lugares, crearon grupos de choque e intimidaron a la propia alcaldía.

Hernández Juárez y sus hijos consolidaron su poder durante la gestión del panista Adame, a quien aportaron votos para que derrotara a sus contrincantes, la priista Maricela Sánchez Cortés y el perredista Fernando Martínez Cue. Y Adame, en reciprocidad, le dio al NGS contratos de obras públicas, carta abierta para conseguir los contratos colectivos en los sindicatos de los municipios, así como protección a sus vendedores ambulantes.

Gabriela Gómez Orihuela, quien fue delegada de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal durante la administración de Adame, comenta al corresponsal que Hernández Juárez le dijo en varias ocasiones que los gobernadores, secretarios del Trabajo y los funcionarios hacían lo que él quería.

Una vez, relata, el hijo mayor del líder del NGS –Abraham Hernández Bringas– la amenazó cuando ella quiso impedir una elección sindical. “Sabemos que tienes a tu hermana que dirige una guardería”, le dijo Hernández Bringas.

La fidelidad de Hernández Juárez y sus hijos a Adame terminó cuando supieron que el perredista Ramírez Garrido Abreu se perfilaba como sustituto del panista. Y la noche del 1 de julio de 2012, cuando el perredista se declaró ganador, Hernández Juárez fue el primero en felicitarlo. Ese día los taxis de NGS sirvieron para el acarreo de los votos en la zona metropolitana.

Gómez Orihuela comenta que las amenazas de Hernández Juárez y sus hijos continuaron durante la gestión de Ramírez Garrido: “Siempre les cuestioné por qué estaban agrupando y protegiendo a comerciantes ambulantes”. Para sustentar su argumento cita el artículo 378 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe a los sindicatos ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro.

A mediados de la gestión del perredista, Roberto Castrejón Calderón –hijo del secretario general de la CTM en Morelos, Roberto Castrejón Campos, y uno de los dos ejecutados el miércoles 8– comenzó a hacer proselitismo entre los ambulantes del centro de Cuernavaca, lo que irritó a los líderes del NGS. Los hermanos Hernández Bringas crearon grupos de choque, cuyos integrantes amedrentaban a quienes querían salirse de su organización.

Por esos años se estableció en Cuernavaca Jesús García Rodríguez, Don Chuy, la otra víctima mortal de la balacera del miércoles 8. Procedente de la Sección 15 de la CTM llegó a pelear algunos contratos colectivos a la FTEM local y al NGS. Poco a poco y siguiendo los métodos tradicionales del sindicalismo corporativo se fue posicionando en varias zonas. Su hijo, Juan Manuel García Bejarano, también se acomodó como empresario en varios rubros.

El ambulantaje

En 2017, cuando Cuauhtémoc Blanco Bravo era el alcalde de la capital morelense, García Bejarano obtuvo la concesión para organizar la Feria de Cuernavaca. Todo iba bien para los García, pero el 6 de abril de ese año, justo en la cabalgata previa a la inauguración de la feria, en plena avenida Plan de Ayala y frente a las familias y policías ahí congregados, un asesino solitario disparó contra García Bejarano. Don Chuy exigió justicia al gobierno estatal encabezado por Ramírez Garrido. El asesino de su hijo fue condenado a 45 años de prisión.

García Rodríguez continuó con sus actividades sindicales e incursionó en el comercio ambulante. En 2018 incluso se registró como precandidato del PRI a la gubernatura. Desistió debido a la falta de apoyo y se pronunció por Jorge Meade Ocaranza.

Apenas llegó al gobierno Cuauhtémoc Blanco, los secretarios de Gobierno, Economía y Trabajo, y el de Desarrollo Social, Pablo Ojeda, Cecilia Rodríguez y Gilberto Alcalá, respectivamente, se reunieron con los líderes de las tres agrupaciones de comerciantes ambulantes –quienes ya habían invadido la Plaza de Armas, que administrativamente controla el gobierno estatal– para acordar un nuevo reordenamiento en la zona.

El presidente municipal Francisco Antonio Villalobos Adán, a quien compete directamente el asunto, admitió que era una prioridad, que atendería una vez controlada la inseguridad. Sin embargo, a principios de mes el alcalde viajó a la ciudad de Yonkers, un condado del estado de Nueva York, para buscar el hermanamiento de esa ciudad con Cuernavaca.

En los dos últimos años de la administración de Ramírez Garrido Abreu los ambulantes crecieron de manera desproporcionada. Hoy, el centro de la ciudad está plagado de vendedores de elotes, esquites, tacos de carne y de canasta, globos, fritangas, incluidos los “tacos acorazados” (de arroz y guisado), playeras, pinturas hechas con aerosol, artesanías, bisutería de plástico o china…

Con base en su experiencia como delegada de la Secretaría del Trabajo y apoyada en testimonios de los periodistas locales Dulce Maya y Carlos Morales, Gabriela Gómez Orihuela señala los cinco objetivos que persiguen los grupos que pretenden controlar el ambulantaje: 1) la obtención de ingresos directos de los comerciantes a cambio de protección, 2) el control del espacio público del Centro Histórico, 3) contar con grupos de choque que les permitan tener mayor presencia en el Centro Histórico, 4) presionar mediante movilizaciones a las autoridades cuando estas no atiendan sus demandas y 5) tener una “reserva” de votos que ofrecer en las elecciones.

Consultados al respecto, algunos de los comerciantes señalan, a condición de no revelar sus nombres, que aun cuando los sindicatos obtienen jugosas cuotas de los miles de vendedores, que oscilan entre 20 y 100 pesos por día, es claro que la pugna va más allá, es factible que detrás de todo algunos ambulantes formen parte de una red de narcomenudeo.

La balacera

En ese contexto, el miércoles 8 se organizó una reunión entre funcionarios estatales y los representantes de los ambulantes. Al término del encuentro vendedores vinculados a la CTM y el NGS amagaron con una protesta para exigir soluciones, pero desistieron al enterarse de los avances logrados.

El secretario de Desarrollo Social estatal, Gilberto Alcalá Pineda, salió con los líderes y fue interceptado en la calle Gutemberg, a un costado de Palacio de Gobierno, por los reporteros. Don Chuy se acercó, mientras Castrejón Calderón dialogaba al otro lado de la calle con su hermano y los vendedores del NGS encaraban a los reporteros en la esquina de Gutemberg y Galeana.

En ese momento Maximiliano Hernández Ménez, quien vestía una sudadera con capucha, cruzó la calle. Llevaba una pistola Glock 9mm y comenzó a disparar. Primero hirió a Castrejón Calderón y luego se fue sobre Don Chuy; también hirió al camarógrafo René Pérez Argüelles y a un comerciante. Y empezó la estampida.

Alcalá Pineda y la treintena de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubrían el evento se salvaron de milagro. El agresor forcejeó con un comerciante y luego salió corriendo. Cruzó el Zócalo justo frente a Palacio de Gobierno, bajó por las escaleras que conectan de nueva cuenta con Galeana e intentó huir por la Plazuela del Zacate. En la esquina de Hidalgo y Galeana hizo otro disparo y tiró el arma. Los policías estatales y guardias de Palacio de Gobierno que iban tras él finalmente lo sometieron.

Poco después, en el hospital fallecieron Don Chuy y Castrejón Calderón. El padre de este último acusó directamente a Bulmaro Hernández Juárez y sus hijos de estar detrás del ataque.

El jueves 9, en conferencia de prensa, los líderes del NGS le exigieron a Castrejón Campos demostrar sus dichos; de no hacerlo, le dijeron, lo demandarán por difamación.

Y cuando un reportero le preguntó a Hernández Juárez por qué su organización apoya a los ambulantes y cuánto les cobran por la protección, el dirigente respondió sin titubear: “Nosotros no les cobramos; lo hacemos porque nos gusta hacer trabajo social”.

 

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