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La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Reyes Montiel, solicitó al gobierno federal presentar los estudios y documentos que demuestren la viabilidad del Tren Maya, pues de acuerdo con la experiencia internacional, podría encarecerse al menos 45 por ciento.

La legisladora perredista señaló que según organizaciones civiles nacionales, podría multiplicarse hasta por 10 veces el costo máximo estimado inicialmente.

Recordó que, de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la construcción de esta obra requerirá de entre seis mil millones y ocho mil millones de dólares (de 120 mil y 160 mil millones de pesos si se considera un tipo de cambio de 20 pesos por dólar), pero la cifra podría ser mayor si se suman los desafíos económicos, sociales y ambientales que debe superar.

La integrante de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados expresó que ante la opacidad que existe sobre el proyecto, varios grupos civiles realizan estudios para determinar el costo real de la obra.

Tal es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), según el cual el costo de la obra podría aumentar entre cuatro y 10 veces más del máximo estimado por la administración federal (ocho mil millones de dólares o 160 mil millones de pesos, a un hipotético tipo de cambio de 20 pesos por dólar).

Esto significa que, de acuerdo con el Imco, el costo final del Tren Maya podría estar entre los 640 mil millones de pesos y un billón 600 mil millones, y no los 160 mil millones de pesos que se prevén.

La legisladora por el Estado de México refirió que expertos internacionales en proyectos ferroviarios apuestan a que el costo del Tren Maya se elevará al menos 45 por ciento más del máximo estimado por la administración federal, esto es, podría encarecerse hasta en 217.5 mil millones de pesos, en lugar de los 160 mil millones previstos por el gobierno de López Obrador.

Ante tal incertidumbre sobre el costo, reiteró que el Ejecutivo federal debe dar a conocer los estudios sobre viabilidad financiera e impactos social, ambiental y económico del proyecto.

Recordó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya requirió por segunda ocasión esa información.

«Sin embargo, sólo contamos hasta ahora con una consulta carente de legalidad y validez -una «consulta patito»- y una ceremonia para pedir permiso a la madre Tierra, pero no los estudios y documentos que nos muestren el impacto ambiental, social, cultural y económico de la obra», indicó.

 

Fuente: Notimex/atf/Foto: Archivo

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