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La denuncia que presentó el Comité de Participación de Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por la aprobación de la cuenta pública, tiene por objetivo revocar el dictamen que se votó por mayoría, y se le podría fincar responsabilidad administrativa y penal a los integrantes de la Comisión de Vigilancia.

La queja se presentó ante la Contraloría Interna de la Cámara que será la responsable de investigar y sustanciar que el grupo de trabajo se excedió en sus atribuciones, al solventar algunas observaciones y reducir el monto del presunto daño patrimonial.

“Lo tendrá que investigar la Contraloría del Congreso y tendrá que determinar la última consecuencia”,  afirmó Sergio Vásquez Jiménez, Presidente del Comité de Participación Ciudadana.

No fue claro el procedimiento de análisis y dictaminación de un grupo de 15 personas, que en dos semanas cambio el trabajo que hizo en meses desde el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

“Está Cámara está obligada a anular el dictamen” exigió el titular del órgano ciudadano, quien mencionó que se tendrán que ajustar ese tipo de irregularidades.

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