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Las nuevas restricciones migratorias anunciadas por varios países de América Latina para detener la ola de personas que huyen de Venezuela podrían abrir aún más la puerta a la explotación de la población migrante, de acuerdo con un análisis de InSight Crime.

Los gobiernos de Perú, Ecuador y Brasil anunciaron que requerirán pasaportes de los venezolanos que huyen. La nueva medida sigue a un renovado aumento en los venezolanos que buscan refugio, que se ha triplicado en los últimos meses.

De acuerdo a Naciones Unidas, 2.3 millones de venezolanos han huido del país. Sus principales destinos son Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Al respecto, el director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Francisco Quintana, aseguró que el éxodo de venezolanos al resto de países de América puede llegar a los cuatro millones de personas a fines de este año.

“En el último año salieron de Venezuela 1.5 millones de personas. Esto no tiene precedentes en cualquier parte del mundo. En Siria salieron seis millones de personas en un período de cuatro o cinco años”, advirtió el abogado.

Aunque el flujo de migrantes se revirtió parcialmente después de las medidas, inmediatamente surgieron informes de migrantes que caían en manos de “mafias de coyotes”, que operan como redes de tráfico de personas, a medida que avanzaban por rutas menos transitadas.

Perú, el país con la segunda afluencia más alta de migrantes venezolanos, puso en práctica sus nuevas medidas tras una oleada de ataques xenófobos contra venezolanos y un importante arresto de presuntos miembros de una mega pandilla venezolana conocida como el Tren de Aragua (El Tren de Aragua).

Otra disputa estalló en el estado de Roraima, el más septentrional de Brasil, luego de que dos inmigrantes venezolanos supuestamente agredieran y robaran a un empresario brasileño. El brasileño murió, lo que provocó enfrentamientos y resultó en la expulsión de varios venezolanos.

El presidente de Brasil, Michel Temer, ha ido más allá al anunciar la militarización de la frontera del país con Venezuela y etiquetar a los ciudadanos del país vecino como “una amenaza para Sudamérica”.

El tamaño de este éxodo masivo y el estado a menudo desesperado de los migrantes los convierte en presa fácil para las redes del crimen organizado, indicó Insight Crime, una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.

“La desesperación abre el camino a todo tipo de redes delictivas involucradas en la trata de personas y el contrabando, la explotación, la prostitución forzada, la esclavitud y el reclutamiento de delincuentes”, explicó Beatriz Borges, directora del Centro por la Justicia y la Paz (CEPAZ).

“Están teniendo un día de campo con los venezolanos. El desarrollo (de actividades delictivas) está en pleno apogeo, y no hay forma de medirlo porque estamos hablando de redes invisibles, y las víctimas no informan (los crímenes) “, manifestó.

Borges, directora de la organización de derechos humanos en Venezuela que se especializa en temas de migración, trata de personas y contrabando, dijo a InSight Crime que “en este momento, la migración venezolana debería clasificarse como migración forzada porque no está planificada y es para la supervivencia”

“Este perfil migratorio es tres veces más vulnerable a las redes delictivas, y los diferentes países, tanto de tránsito como de recepción, tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes y prevenir estos riesgos”.

InSight Crime descubrió que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaban reclutando venezolanos.

Borges agregó que las medidas restrictivas “dejan a los inmigrantes venezolanos expuestos, y abren espacios para el tráfico y tráfico de personas porque las personas están en condiciones anormales y están dispuestas a aceptar cualquier cosa que se les ofrezca”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llegará este miércoles a Colombia, donde tratará con las autoridades locales la crisis migratoria venezolana y su impacto en los países de la región.

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