La congresista demócrata de California, Maxine Waters, habló sobre las amenazas que ha recibido de parte de seguidores del presidente Donald Trump, diciendo que, si van a disparar contra ella, “lo hagan de frente”.

Waters dijo durante un discurso en la marcha de “familias que permanecen unidas” que se realizó este sábado en Los Ángeles, donde se pronunció contra las amenazas de muerte por parte de partidarios del magnate neoyorquino.

“Sé que hay quienes hablan de expulsarme del Congreso, hablan de dispararme, hablan de ahorcarme”, comentó la congresista a la concurrencia. “Todo lo que tengo que decir es esto: si me disparan, es mejor que disparen de frente. No hay nada como un animal herido”, advirtió la congresista demócrata de California, Maxine Waters.

Maxine Waters ha sido amenazada por sugerir enfrentar al equipo de la Administración Trump por la política migratoria contra los niños que han sido separados de sus padres en la frontera.

Debido a este panorama el presidente, Donald Trump, criticó a la congresista demócrata Maxine Waters, a la que advirtió que debía tener cuidado con lo que desea, después de que la legisladora incitara a sus seguidores a acosar a los miembros de su gabinete en lugares públicos.

“La congresista Maxine Waters, una persona con un coeficiente intelectual extraordinariamente bajo, se ha convertido, junto con Nancy Pelosi, en el rostro del Partido Demócrata. Acaba de pedir que hagan daño a los seguidores del ‘Make America Great Again’, de los cuales hay muchos”, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, denunció en una rueda de prensa que cualquier “incitación” al acoso o a que los seguidores de Trump no puedan acudir a lugares públicos “es inaceptable”.

Sanders defendió que, más allá de las ideologías políticas, todo intercambio de ideas “es sano”, pero que este ha de poder realizarse “de forma libre y sin temor a resultar herido”.

En los últimos días, miembros del gabinete han sufrido protestas en sus casas y han sido expulsados de restaurantes por parte de ciudadanos indignados por la política migratoria del Gobierno, principalmente por la separación familiar de inmigrantes indocumentados.