Publicado en Destacado, NACIONAL.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones ante las respuestas heterogéneas, diversas e incluso contradictorias que ofrecieron autoridades locales y federales sobre la prevención de la trata de personas en los campos agrícolas.

Entre las recomendaciones están que el gobierno ratifique el “Protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaborar protocolos de prevención locales y federal, y establecer metas e indicadores de cumplimiento.

También aumentar la presencia de autoridades laborales en Comisiones Intersecretariales de trata de personas, capacitar a los inspectores del trabajo y elaborar estudios estatales y regionales para mejorar la calidad de la información en la materia.

Al presentar este viernes el “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas”, el ombudsman nacional Luis Raúl González advirtió que distintas autoridades reflejan disímiles grados de compromiso.

Expuso que hoy en día, cuando no se sabe exactamente de dónde vienen los alimentos que se consumen, no sólo es importante revisar su origen por razones de salud, sino también para estar seguros de que en su producción no hay trata de personas, pues a veces se usa trabajo esclavo.

El presidente de la CNDH recordó que a raíz de múltiples notas periodísticas que derivaron en las recomendaciones 70/2016 y 28/2017 se decidió emprender dicho estudio.

La investigación abarca a las autoridades federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las 32 autoridades laborales de los estados, cuyos resultados, insistió, muestran grados distintos de compromiso en la material.

Recordó que la trata de personas puede encontrarse en condiciones de trabajo forzado e incluso de esclavitud, que en ocasiones se presenta en el trabajo de jornaleros agrícolas, por lo que es importante ver a este problema no sólo como un asunto penal sino también económico.

Destacó que, en su mayoría, las entidades contestaron las solicitudes de información que planteó la Comisión, algunas de ellas genéricamente, pero Querétaro, Tabasco y Michoacán no la proporcionaron.

Como datos relevantes del estudio, de las 33 autoridades consultadas, sólo 21 realizaron acciones para prevenir posibles casos de trata de personas en centros de trabajo.

En seis entidades federativas que se señalaron como omisas, por no responder o no tener acciones, se concentra el 32.1 por ciento de las personas ocupadas como trabajadores y trabajadoras agrícolas: Puebla, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

Al preguntarles sobre el registro de la población jornalera que llevan, en especial la de adolescentes, 16 de las 33 autoridades del trabajo no respondieron o señalaron no contar con algún registro.

Se consultó a las autoridades del trabajo sobre las acciones de protección a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad localizados en predios agrícolas. Aunque 21 autoridades del trabajo reportaron acciones, las 12 restantes no informan o no llevan actividad alguna al respecto.

Frente a este panorama, donde se registran vulnerabilidades extras de la población de jornaleros como ser menores de edad, mujeres, hablar lenguas indígenas y contar con escasa escolaridad y bajos salarios, la Comisión emitió dichas propuestas.

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