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Los padres del adolescente Sergio Adrián Hernández Güereca, muerto en territorio mexicano por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó a través de la frontera en junio de 2010, no pueden demandar al gobierno federal ni al patrullero.

Así lo dictaminó por segunda ocasión la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans. En el dictamen, emitido esta semana, se argumenta que el Congreso no ha aprobado ninguna ley que permita a la familia de Hernández Güereca reclamar daños.

Agregó que, como el adolescente era ciudadano mexicano en territorio mexicano, no tenía derecho a las protecciones constitucionales.

“Permitir que la demanda continúe, autorizaría que cualquier persona herida en un tiroteo transfronterizo con la policía de Estados Unidos o sobrevivientes de ataques con drones en el extranjero demanden al gobierno”, precisó la Corte en su dictamen, aprobado por una mayoría de 13 magistrados contra dos.

El fallo marca la segunda vez en que la Corte Federal de Apelaciones rechaza la afirmación de que el agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Mesa Jr, violó los derechos del adolescente cuando disparó a través de la frontera desde El Paso, Texas, para dar muerte a Hernández Güereca, quien se encontraba en territorio mexicano en Ciudad Juárez.

En el primer dictamen emitido contra el caso, en abril de 2015, la Corte de Apelaciones argumentó que el agente fronterizo tenía inmunidad calificada y no podía ser demandado por la familia del adolescente mexicano.

Robert C. Hilliard, abogado que representa a Jesús Hernández y María Guadalupe Güereca, los padres de Sergio Adrián, apeló en esa ocasión a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que en junio de 2017 dictaminó que el asunto fuera regresado por la Corte Federal de Apelaciones.

Ésto con el fin de que fuera considerado si la demanda podría continuar por motivos constitucionales. Hillard dijo que a raíz del nuevo veredicto del Quinto Circuito, volverá a apelar ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que el caso podría volver a ser revisado de nuevo por el máximo tribunal judicial del país.

Hilliard argumentó que el caso de Hernández Güereca debió ser tratado como cualquier otro incidente de uso de la fuerza por parte de un agente de la ley, pero los jueces de apelación dictaminaron que debido a las implicaciones transfronterizas, “éste no es un caso ordinario de fuerza excesiva contra un oficial de la ley federal”.

El abogado dijo que el tribunal de apelaciones encontró que “Sergio y otros que se encuentren parados en México, pueden ser abatidos por cualquier razón por alguien con una placa, parado a metros de distancia en Estados Unidos”.

“La Suprema Corte debe ahora decidir si ésta va a ser la ley de nuestra tierra: que en Estados Unidos no habrá consecuencias constitucionales cuando los policías estén en la frontera y disparen contra los ciudadanos de México”, agregó.

Hillard representa también en un caso similar a la familia de Guillermo Arévalo Pedraza, quien argumenta que sus derechos fueron violados cuando en 2012 agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban un recorrido en lancha sobre el Río Bravo.

Los agentes dispararon y mataron a Guillermo en la orilla del río en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas. El caso permanece suspendido en espera de que se resuelva el litigio de la familia de Hernández Güereca. Un tercer caso comenzó a ser ventilado esta semana en un juicio federal en Arizona.

En el proceso, que se desarrolla en una Corte Federal de Tucson, el agente de la patrulla Fronteriza, Lonnie Swartz, es acusado de homicidio en segundo grado por disparar a través de la frontera y matar en territorio mexicano al adolescente José Elena Rodríguez, de 16 años.

Los hechos ocurrieron la noche del 10 de octubre de 2012, en Nogales, en el estado mexicano de Sonora. La acusación contra Swartz es una de las escasas imputaciones criminales presentadas en contra de los agentes de la Patrulla Fronteriza por homicidio o uso de fuerza irresponsable durante el desempeño de su trabajo.

En toda la historia de la corporación, desde 1924, menos de cinco agentes han comparecido ante las cortes acusados de asesinato, pero hasta ahora ninguno ha sido declarado culpable.

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