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Al menos 285 personas han muerto, 2.500 han resultado heridas, 156 desaparecidas y 46 lisiadas de forma permanente en Nicaragua debido a la represión del Gobierno de Daniel Ortega, según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

De acuerdo con el escrito, de más de 50 páginas, entre los fallecidos desde que comenzó la crisis sociopolítica, el 18 de abril pasado, están 20 menores de edad, 20 agentes policiales y un periodista.

Las muertes se han registrado en los departamentos de Managua con 145; Masaya con 35; León y la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), con 20 cada uno; Estelí Matagalpa (15); Estelí (13); Chinandega (8), Jinotega (8), Carazo (5), Boaco (4), Chontales (3), Río San Juan (3), Granada (2), Madriz (2), Rivas (1) y Región Autónoma Caribe Sur (1).

El Gobierno se ha valido de sus “fuerzas combinadas que cubren sus rostros con pasamontañas” para realizar “actos ilícitos e impunes”, como “torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada sin orden judicial y daños a la propiedad”, denunció la ANPDH en el informe preliminar.

Policías, antimotines, “parapolicías”, paramilitares y grupos de choque oficialistas “hacen uso de arma de guerra no justificado, con francotiradores, contra ciudadanos que protestan cívica y pacíficamente”, dijo a los periodistas el presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva.

De acuerdo con el informe preliminar de la Asociación, el día más “sangriento” de la represión gubernamental fue el 20 de abril pasado, cuando 23 personas fueron ejecutadas de forma “extrajudicial”, mientras que 20 fallecieron el 30 de mayo en una marcha por el Día de las Madres en Nicaragua, y otras 59 perdieron la vida de la misma manera entre el 10 y el 16 de junio.

Como producto de las muertes, incluyendo 5 este lunes, en Nicaragua “existe un estado de sitio no declarado, provocado por operaciones fuera del marco de la ley”, resaltó Leiva.

El “estado de sitio” lo han impuesto “grupos paramilitares y de choque, dirigidos por grupos afines a la ideología partidaria al gobierno de turno, conocidos como CPC (Consejos del Poder Ciudadano)”, subrayó el defensor de los derechos humanos.

Las acciones de represión han mantienen un promedio de 4 personas muertas a diario y 130 por mes, por lo que el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica que representa a la población “debe buscar consensos urgentes para evitar más derramamientos de sangre”, advirtió el delegado de la ANPDH, Danilo Martínez.

Leiva por su parte, recalcó que la crisis sociopolítica de Nicaragua no ocurrió de la noche a la mañana el 18 de junio, sino que es producto de una violación “sistemática y permanente” de los derechos humanos por la “falta de voluntad” de Ortega a respetar la Constitución y las leyes nicaragüenses.

La ANPDH está trabajando en el seguimiento de la crisis junto con el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo hará en las próximas horas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y con la Unión Europea, agregó Leiva.

Nicaragua lleva más de dos meses hundida en la crisis más sangrienta desde los años de 1980, también con Ortega como presidente.

El Gobierno niega las acusaciones de las organizaciones humanitarias locales y de otras internacionales, como la CIDH, que cifró el viernes pasado en 212 las muertes y achacó la responsabilidad de la crisis al Ejecutivo.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, sostiene que la violencia la producen “grupos delincuenciales” que vincula con la oposición al Gobierno, y niega que existan grupos parapoliciales afines al oficialismo actuando en contra la población civil.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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