Publicado en Destacado, ESTATAL, REGIÓN SUR.

Violeta Santiago.-

Una ciudad de 47 mil habitantes, destaca por diversas cualidades y por el impulso de la industria petrolera a su economía, pero también esconde un dato escalofriante: en los últimos cuatro años se han cometido, al menos, 5 feminicidios, sobre los cuales la totalidad no han visto la justicia por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

En los años recientes, el 2015 fue el más mortífero para las mujeres hidrómilas al contabilizarse tres casos, mientras que el 2016 y el 2018 se sumaron uno, respectivamente.

El caso que estremeció a la sociedad hidrómila el 7 de enero del 2015 fue el de Cecilia Vázquez González, de 25 años de edad, quien murió asfixiada en su propia cama, en su domicilio ubicado en la colonia Puebla. El agresor fue identificado por sus propios hijos, quienes incluso trataron de defenderla, pero el sujeto logró engañarlos diciéndoles que todo estaba bien, cuando en realidad dejó muerta a la mujer en un colchón y huyó de la ciudad.

Otro caso impune es el de Manuela Gil Castellanos, de 80 años de edad, cuyo feminicidio se cometió el 26 de abril del 2015. Esta mujer era habitante de la calle Tierra y Libertad, en la colonia Allende y fue encontrada sin vida dentro de su humilde casa y con huellas de presunto abuso sexual. En este caso, no se logró identificar al agresor, además de que la señora vivía sola.

También en el 2015, pero el 16 de agosto se escribió la historia de Karina Gómez García, una mujer habitante de la colonia El Bosque 2, quien fue ultimada a puñaladas a la altura del puente “Cancino Marín”, cuando se dirigía a su trabajo en Dipepsa. Las autoridades señalaron como sospechoso a su pareja sentimental, pero no reunieron las pruebas suficientes para vincularlo a proceso y el caso permanece impune.

También en esa zona, en un rancho de la colonia El Bosque 2, pero el 2 de junio del 2016, fue encontrada Arcelia Ramírez Pérez, de 33 años, quien tenía unos días desaparecida. Su cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición y además de ser ultimada con un ladrillazo en la cabeza, también fue atacada sexualmente. La entonces comandante de la Policía Ministerial, Dalila Barrientos, atrajo la investigación y fue la única en avocarse en el caso hasta encontrar elementos que señalaban a su pareja sentimental, sin embargo, la Fiscal Especializada no logró sostener el expediente ante un juez y este terminó desechado, cayendo también en la impunidad.

Y ya en este 2018, apenas el viernes 27 de abril, Sheila Moreno Sánchez, una joven de 21 años de edad, fue asesinada y dejada en el campo deportivo “Narciso Mendoza” en la colonia Petrolera, tras casi tres días desaparecida; además, con este suceso, esta zona de la ciudad se convierte en habitual escenario de hallazgos de mujeres asesinadas con tres de cinco casos en estos últimos años. Sobre la investigación, apenas cinco días después del descubrimiento del cuerpo, se entregaron los resultados de la autopsia, mientras que su familia ha clamado justicia frente al lento actuar a las autoridades ministeriales.

Ser mujer en Veracruz

En un seminario taller en el Centro de Justicia para las Mujeres, en Oaxaca, la doctora Florinda Riquer Fernández, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expone que: “En los primeros años la violencia contra la mujer se identificaba centralmente, con la violación. Es hasta los años noventa, cuando el problema de la violencia contra las mujeres entra en la agenda de organismos internacionales, que empieza a visibilizarse la expresión más silenciada de la violencia contra la mujer: la violencia en el hogar. En los primeros años de este siglo se releva la expresión limite de violencia contra las mujeres: el feminicidio”.

En Veracruz y en México existe una fuerte desventaja para las mujeres desde el punto de vista legal, lo que contribuye no sólo a un bajo nivel de denuncias, sino a una situación inadecuada para prevenir, proteger y castigar los delitos relacionados con la violencia hacia la mujer, que va más allá de la violencia sexual y doméstica.

Por ejemplo, a pesar de los números rojos desde las últimas dos décadas, apenas en el 2011 se tipificó el feminicidio en el Código Penal para el estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo cual quedó establecido en el artículo 367 BIS, con pena de cárcel entre 40 y 60 años de prisión, de acuerdo con los agravantes.

A inicios del 2016, cerca de 12 organizaciones civiles de Veracruz, entre las que destacó la Red de Feministas del Estado de Veracruz y la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., solicitaron la Alerta de Género ante el creciente número de casos de mujeres asesinadas o desaparecidas, que se pueden identificar a través de tres vertientes: en las que el agresor es cercano a la víctima y está vinculado al machismo y la misoginia (factores culturales); los casos de mujeres que desaparecen “sin dejar rastro”, sobre todo jóvenes; y la que está relacionada con el crimen organizados como lo es la trata de personas y el secuestro.

En los informes para solicitar la Alerta de Género para el estado de Veracruz, se arrojaron datos escalofriantes: prácticamente no existen fuertes diferencias entre la incidencia de muerte entre distintos grupos de edad, que van desde los 11 hasta arriba de los 60 años. Veracruz se convierte así en sinónimo de muerte para las mujeres.

A finales de noviembre de 2016, la Alerta de Género finalmente se declaró en Veracruz, aunque sólo para 11 municipios, dejando fuera a muchos de los cuales contiene también numerosos registros de este delito. Las ciudades que fueron tomadas en cuenta se tratan de Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Boca de Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán y Las Choapas, pero fueron obviadas otras como Papantla, Cosoleacaque, Acayucan, Pánuco y Agua Dulce, que también mantienen un alto número de casos, lo que derivó en que las activistas veracruzanas señalaran que, aunque es un avance, la medida ha resultado insuficiente frente a la realidad que se vive en el estado.

Los números

Durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán se contabilizaron 477 feminicidios que fueron superados por el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa: tan sólo del 2011 al 2015 se registraron 405 casos, más 162 feminicidios suscitados entre enero y noviembre del 2016.

Eso significa que, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que indica que en Veracruz se registraron 1,375 homicidios dolosos en el 2016, hasta noviembre, que 1 de cada 3 muertes ocurridas en la entidad se trató de un feminicidio.

La mayoría de estos casos no han sido resueltos: o no se ha identificado al agresor o no se ha vinculado a proceso. Tan sólo en 109 feminicidios ocurridos entre el 2014 y el 2015, Luis Ángel Bravo Contreras, entonces Fiscal General de Veracruz, declaró que apenas se habían logrado esclarecer 38 casos y detenido a 27 personas, lo que corresponde a una eficacia menor al 35%.

El panorama no ha cambiado durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares: mientras que en el 2011, Veracruz ocupaba el lugar número 15 a nivel nacional, para 2015 ya había bajado hasta el noveno puesto, en el 2016 se colocó en el sexto y en el 2017 descendió hasta el tercer sitio con 202 denuncias por homicidio doloso, según el SNSP.

En comparativa, el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres del Estado de Veracruz, de la Universidad Veracruzana (UV), reportó en el primer año del Gobierno del PAN en Veracruz 239 mujeres asesinadas, razón de 22 víctimas por mes.

Y para este 2018, el panorama luce desolador: de acuerdo con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, se estima que cada mes se generan unos 25 asesinatos de mujeres, por lo que de seguir esa tendencia el estado de Veracruz acabaría superando su propia “marca”, además de seguir escalando en el “violentómetro” a nivel nacional.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *