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El juez federal mexicano-estadunidense Gonzalo Curiel,  emitió hoy un fallo que permitirá al gobierno del presidente Donald Trump omitir las leyes ambientales para proceder con la construcción de un muro en la frontera con México.

El estado de California y una coalición de organizaciones habían demandado al gobierno federal para desafiar los planes de la administración Trump de evadir las leyes ambientales para acelerar la construcción del muro fronterizo.

El tribunal otorgó la moción del acusado para un juicio sumario, lo que permite construir unos 27 kilómetros de muros fronterizos al sureste de San Diego.

El anuncio del juez coincide con la confirmación de la visita del presidente Trump a los prototipos de muro construidos en Mesa de Otay, además de asistir a una reunión de recaudación de fondos en Los Ángeles a mediados de marzo próximo.

Curiel, juez de Distrito de Estados Unidos en San Diego, se sumó este martes a la posición del Departamento de Seguridad Interna, que bajo la ley federal de inmigración autorizó a renunciar al cumplimiento de las leyes de protección ambiental.

Los 27 kilómetros de bardas existentes cerca de San Diego “ya no son óptimas para las operaciones de patrullaje fronterizo”, sostuvo.

El gobierno argumentó en documentos judiciales que la ley que le permite eludir las revisiones ambientales “ha sido reiteradamente defendida ante los desafíos legales”. Los grupos defensores del medio ambiente y de California alegaron en los registros judiciales que la ley de inmigración de 1996 es inconstitucional.

También alegaron que la falta de revisiones ambientales amenaza especies en peligro de extinción, incluida la mariposa de quino y el franela, y que los funcionarios federales no cumplieron con los requisitos legales de consulta con el estado y otras agencias y partes afectadas.

“La administración ha violado las reglas y vamos a seguir adelante y proceder con el caso lo más rápido posible”, advirtió el procurador de California Xavier Becerra, y recalcó: “no queremos que se vea afectada la salud de las personas que vivirían junto al muro”.

Curiel presidió en 2016 un acuerdo de 25 millones de dólares para miles de estudiantes que demandaron al entonces candidato republicano y la Universidad Trump, por lo que dijeron eran declaraciones falsas y publicidad engañosa sobre los beneficios de la fallida escuela.

Durante el litigio, el presidente calificó a Curiel como un “odiado”, cuya ascendencia mexicana impediría tener un resultado justo.

Curiel permitió a 24 miembros del Congressional Hispanic Caucus presentar un escrito en apoyo de la orden judicial solicitada por California y los grupos ambientalistas contra el gobierno federal.

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