Publicado en ACAYUCAN, Destacado.

Académicas y trabajadoras de la Universidad Veracruzana (UV) repudiaron la violencia contra mujeres que se registra en la entidad veracruzana y que se traduce en delitos contra su vida, libertad, integridad y seguridad.

Señalaron que durante el presente año se han asesinado a 219 mujeres de Veracruz alertaron académicas y trabajadoras de la Universidad Veracruzana (UV).

En un carta abierta dirigida al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, lamentaron que sigan en aumento los crímenes en contra de mujeres a pesar que hace un año se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres.

A un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Veracruz, emitieron un posicionamiento en contra de la violencia estructural y de Estado que permite y solapa el asesinato, violación y desaparición de las mujeres.

La coordinadora de Investigación de la Universidad Veracruzana Intercultural, Verónica Moreno Uribe, leyó el posicionamiento en el que detallaron que a pesar de que la alerta de género de decretó para 11 municipios (más 47 con población indígena) en el estado el pasado 23 de noviembre de 2017, desde entonces la violencia “ha escalado”.

Tan solo de enero a octubre de 2017, el número de veracruzanas víctimas de feminicidio y homicidio es de 219, lo cual supera el total registrado por casos similares en 2016.

“La situación que vivimos y el peligro constante que implica ser mujer en México y en Veracruz son insostenibles y exigen acciones claras y contundentes. Vivas nos queremos”.

Y aclaró que estas cifras son recopiladas por medio de un proyecto universitario que visibilizar los casos, ya que hay una falta de información sobre las cifras oficiales.

Por ello, exigieron que se informe respecto a las acciones realizadas hasta el momento para atender la AVGM, en cada uno de los municipios con declaratoria y el balance de los resultados de dichas acciones emprendidas, desde el 23 de noviembre de 2016.

Además, que se entregue un informe detallado de la gestión y manejo de los recursos estatales y federales disponibles y solicitados para este propósito y el cumplimiento integral de todas las acciones instruidas en la alerta.

Que se dé capacitación y sensibilización profesionalizante, en materia de Género y Derechos de las Mujeres, para las fiscalías especializadas y todo el personal que atienda casos de violencia contra las mujeres y las niñas.

“Las capacitaciones deberán ser aprobadas en sus contenidos y metodología por Organizaciones no Gubernamentales, consultoras o Universidades con experiencia probada en el trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

De la misma forma, que las autoridades garantizan y promuevan la no criminalización de las víctimas y la no naturalización de la violencia en el manejo en medios de comunicación de las notas relacionadas con casos de violencia contra las mujeres y las niñas, a través de acciones de sensibilización y capacitación constante a los medios.

“Generar y aplicar una campaña continua para visibilizar y sensibilizar sobre los efectos de la violencia contra las mujeres y las niñas en todos sus tipos y modalidades”.

Las firmantes demandaron que la campaña sea aprobada en sus contenidos y metodología por Organizaciones no Gubernamentales, consultoras o Universidades con experiencia probada en el trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Cabe destacar que los municipios con declaratoria de alerta de género son Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, y en los municipios con población indígena.

“Sin hacer mención específica de aquellos municipios a los que refiere, evidencia una triple discriminación, en tanto que las ciudadanas asentadas en esos municipios son mujeres, indígenas y pobres”.

Y es que aunque consideraron que la declaratoria tiene limitaciones por su naturaleza, existe la obligación constitucional por parte del Gobierno del estado y de los municipios de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

De manera que deben brindar e implementar medidas de seguridad, de prevención, de justicia y reparación, además de visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia.

El documento fue firmado por 243 académicas y personal de la UV en las cinco regiones de la máxima casa de estudios de la entidad veracruzana.

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