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CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reiteró este martes su petición al estado de Texas, en Estados Unidos, de que conmute la pena capital contra el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el 8 de noviembre, por una sentencia de prisión.

El organismo expresó en un comunicado “su rechazo absoluto a la pena de muerte”, al considerar que “no es factor de contención real de la delincuencia ni la solución a los problemas de inseguridad pública”.

Su aplicación no garantiza la impartición de justicia”, afirmó la Comisión en el Día Mundial contra la Pena de Muerte.

La CNDH pidió al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Estados Unidos. tomar en cuenta los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Dichos instrumentos “reconocen el derecho a la vida y que nadie será sometido a torturas, ni penas crueles, inhumanas o degradantes”, aseveró.

Ramírez Cárdenas, de 47 años y oriundo de Guanajuato, fue condenado a muerte por secuestrar, violar y asesinar a su prima de 16 años en 1998.

Este es uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuyos casos ordenó revisar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2004, en una sentencia conocida como “Fallo Avena”.

A estos presos, de acuerdo con el fallo, se les violó su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.

La CNDH defendió la necesidad de imponer penas dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos y subrayó “su compromiso de continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero”.

De acuerdo con Amnistía Internacional, 140 países miembros de Naciones Unidas son abolicionistas de la pena de muerte: 98 la han anulado totalmente, entre ellos México, 7 para los delitos comunes y 35 solo en la práctica, ya que no la ejecutan y no la imponen, pero no la han abrogado.

La Comisión llamó a unir esfuerzos para la erradicación de dicha práctica, sobre la base de que en ninguna circunstancia se debe atentar contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas.

 

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